Entran en vigor leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción: Eduardo Martínez

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, dio a conocer que las leyes secundarias y demás reformas del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales fueron aprobadas por unanimidad por la XV Legislatura en el cuarto periodo extraordinario, este jueves 20 de julio entraron en vigor, luego de que fueran publicadas en el número 78 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado. Dijo que las reformas en la materia hechas por el Congreso de Quintana Roo, fueron calificadas como satisfactorias, de acuerdo con la última actualización del “Semáforo anticorrupción” al cierre del plazo constitucional, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. En la actualización de dicho semáforo, se destaca que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se encuentra entre las 21 leyes que tuvieron un 93.7% de adecuación a la Ley Modelo para los Sistemas Locales Anticorrupción, presentada por las organizaciones. Recalcó, que si bien la participación ciudadana fue fundamental en las diferentes reuniones que llevó a cabo el Congreso para escuchar y recibir las propuestas de la sociedad civil organizada, también lo será en las convocatorias públicas y procesos de designación de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. Entre los procesos siguientes, se encuentra la designación de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, y la ratificación del titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo. En el caso del fiscal anticorrupción, el fiscal general tiene 60 días contados a partir del cuatro de julio pasado, fecha en que entró en vigor la primera reforma constitucional en materia anticorrupción, para remitir la terna correspondiente a la Legislatura. Las nuevas leyes que ya se encuentran vigentes son: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como reformas al Código Penal donde se incluyeron los tipos penales de los delitos en que pueden incurrir servidores públicos y personas jurídicas.